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El ABC de las pensiones (Parte 3)

No es exagerado afirmar los programas públicos de pensiones están en crisis en casi todo el mundo. Por una parte, los retornos decrecientes en las inversiones, particularmente la renta fija, impide a muchos fondos lograr rendimientos que puedan sostener el programa de jubilaciones. Esto puede decirse es una dificultad coyuntural, y salir de ella dependerá de que mejoren las perspectivas de las inversiones y sus tasas de retorno. Y eso, también está por verse.

Pero el futuro de las pensiones depende de que reformemos el corazón mismo del sistema.  Los cambios estructurales en las variables demográficas y los cambios en la cultura laboral imponen, a los programas de jubilación tradicionales, un futuro incierto. A menos que, como poco a poco lo han venido haciendo muchos países, se acometan reformas de fondo en el modelo previsional. Estas reformas, que acaban haciendo más costosa la jubilación al ciudadano, no ha tenido un costo político menor.

En muchos países, incluyendo a Panamá, el sistema además de tener un pobre desempeño financiero, y de sufrir de los mismos impactos demográficos, por años, ha respondido a intereses políticos donde la distorsión de las pensiones es mayor y el impacto de un colapso del sistema es más serio.

Con este difícil panorama planetario, se ensayan medias variadas pero concretas. Unas, para atenuar el impacto inmediato de la reducción de valor en las jubilaciones presentes y futuras. Y otras, para adoptar y formalizar un programa que estabilice el sistema a mediano plazo y elimine las distorsiones.

Un tema ineludible y central a las reformas es la modificación de las variables que generan la pensión. Así, no importa lo que hagan, los cotizantes deben contribuir más, por un número mayor de años y jubilarse a mayor edad. 

Para atenuar el impacto en las personas, y donde las finanzas estatales aguantan, los cambios se han hecho poco a poco, con modesto impacto político. En otros casos, para salvaguardar la integridad del sistema, los cambios han sido rápidos y radicales, con agitación política considerable, a corto plazo.

En todas las reformas, se anticipa una participación importante del Estado. Sin embargo, las responsabilidades financieras de los gobiernos deben ser puntuales y finitas, de lo contrario podrían descuadrar de mala manera balance fiscal nacional. Pero eso ha sido precisamente una de las razones de reformar. El Estado, en la mayoría de los países, ya no puede con la múcura pensional de los sistemas de beneficio definido, a menos que reduzca sus gastos en otros rubros más sensitivos y más universales. 

En países, como el nuestro, donde el sistema público de IVM se financia de las contribuciones individuales, ahora frente a una reforma dolorosa para el cotizante, se alzan voces exigiendo que todo o parte de los costos de la reforma la sufrague el Estado. Esto no es una buena idea.

Si no basta con ver las vicisitudes que hoy pasan los países ricos con sus sistemas, pretender cubrir con dineros de un Estado pobre, los beneficios individuales de cualquier programa, es despojar al país de fondos que deben ir a cubrir las necesidades básicas, en especial de los más necesitados. Dicho de otra manera, no hay cabida financiera ni moral, para preservarle un monto de pensión a un ciudadano no-pobre, (o mejor dicho menos-rico) que solo pagó una parte de pensión que recibe. 

Y es que ese camino no solo es altamente regresivo, pero, además, carísimo. Los beneficios de las pensiones con beneficios que, no están totalmente respaldados por cuotas o réditos, crecen geométricamente. Al mismo tiempo, los aportes a esos mismos programas, por las condiciones demográficas ya explicadas antes, en el mejor de los casos, están estancadas. 

Casi todo el mundo reconoce esta realidad y vemos los países requiriendo ajustes periódicos a los parámetros de su modelo o simplemente migrando hacia sistemas de contribución definida como las cuentas individuales o los fondos de gestión colectiva de beneficios ligados a la cotización personal.

Pero guste o no, el Estado es central en una buena reforma. Por un lado, como promotor y regulador, para fomentar y preservar instituciones para el ahorro pensional manejadas con pulcritud, transparencia y un gobierno corporativo racional y moderno, sean estas públicas o privadas.  

Pero más importante aún, el Estado debe ser, garante de último recurso, de la reestructuración de los pasivos ya acumulados por el sistema. Los sistemas de beneficio que por años han pagado mas de lo que acumulan, han incurrido en monumentales déficits y, los cotizantes, la pura verdad, no tienen nada acumulado a su nombre, ni la institución tiene recursos para hacer buena esa pensión. 

Esta función, que es un salvataje financiero del sistema tiene como condición necesaria; que el sistema sea reformado a un sistema sin déficits nuevos, de lo contrario el impacto de la garantía estatal se diluye y se atomiza entre el crónico subsidio de los que viene atrás a los que están delante.

Esta operación de rescate puede durar muchos años, pero que se va reduciendo en la medida que los viejos cotizantes vayan despareciendo, y los nuevos, que tendrán condiciones de cuotas, plazos y edades de retiro ajustadas a las realidades financieras, no crean más déficit , sino que van producir un flujo financiero estable y sano. 

Muchos países ya han acometido este tipo de rescate con bastante éxito. Los más populares han sido aquellos donde el gobierno nacional crea un esquema de “bonos de reconocimiento”, que no es mas que hacer suya la obligación de sufragar cada pensión, al momento de la jubilación de cada cotizante. El debate está abierto. La discusión debe ser, cómo reformar el sistema y no como trampearlo. Y los costos políticos a que tanto le temen los políticos, deben mirarse contrapuestos a los grandes beneficios nacionales que un buen sistema pensional le da al ciudadano, a la economía y al país.


Mr. B.